Un informe difundido por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el 07/09 permite radiografiar el deterioro de la economía argentina bajo el régimen de ocupación colonial.
411.613 empleados registrados menos, 30.633 empresas menos, 44,2% de informalidad laboral, 1.765.000 personas desocupadas, 40,8% de pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo, 37% de caída real del salario del sector público nacional, 15,7% de morosidad entre familias al sumar deudas bancarias y prestamistas. La industria manufacturera perdió 100.000 puestos registrados. La construcción retrocedió un 18,8% en empleo y la producción industrial acumula una caída del 2,2% interanual durante el primer semestre del 2026. ¿Se trata de una crisis económica o de un plan para destruir la Patria?
Todas las políticas que el régimen libertario está imponiendo a puro decreto y coimas o con la complacencia de los legisladores, ya se aplicaron en varios tramos de nuestra historia política: Contracción de la capacidad adquisitiva, apertura de importaciones, suspensión de todo tipo de control. El desmantelamiento del SENASA, por poner sólo un ejemplo, pone en riesgo la salud de todos los argentinos y el comercio exterior, ya que por esta causa han devuelto exportaciones de carne argentina y puede ingresar al país cualquier alimento contaminado.
Una vez más la destrucción y el achique del Estado conlleva al beneficio de los grandes capitales foráneos en detrimento del e–una vez más- que no es el mercado (eje articulador de la utopía degenerada concebida por los liberales para destruir el sentido de lo comunitario) quien debe regir la economía sino un proyecto nacional, concebido por el Pueblo a través de su acción política y ejecutado a través del Estado, que es su caja de herramientas institucionales. Desarmar el Estado no es otra cosa que negar al Pueblo las herramientas que le permiten ponerse en acción y regir su propio destino.
La destrucción económica evidenciada por el CEPA -sin embargo- no es el frío testimonio del fracaso de un plan o una ideología, sino que por el contrario confirman su éxito, pues fueron concebidos –en realidad- para beneficiar a los detractores de nuestro Pueblo y Patria, debilitando a nuestra comunidad nacional para despojarla de sus bienes y riquezas. Se trata en realidad de un plan o “segrenómico” –que podemos traducir como norma de la segregación– más que de un plan “económico” –término que significa norma de la comunidad-.
El objetivo de estos planes entonces se da en dos sentidos al mismo tiempo: Disgregar o dispersar a la comunidad nacional, para habilitar el saqueo de sus bienes o riquezas. Más que una “política” –que traducimos como relativo a los ciudadanos o acción de los ciudadanos- se trata de una “xenóstica” – que podríamos traducir como relativa a los extranjeros o la acción de los extranjeros-. Queda patente, entonces, el carácter interdependiente de lo económico con lo político y por su reflejo el de lo segrenómico con lo xenóstico pero si la vinculación de los dos primeros términos conlleva el principio de soberanía, la de los dos segundos no puede sino habilitar su contrario, es decir, la dependencia.
Salvo honrosas excepciones, el poder político en nuestro país ha actuado siempre en beneficio de intereses foráneos y de hecho así lo han cristalizado los triunfadores de Caseros en los artículos 16 y 107 de la Constitución Neocolonial Argentina (tras la reforma del 94, renumerados 18 y 125). Se constituyó, de esta forma, una suerte de soberanía virtual pues no se puede ejercer soberanía política plena si se carece de independencia económica. Procurando revertir la trampa neocolonial, Perón declaró en el 47 la independencia económica y proclamó “la voluntad de ser económicamente libres, como hace ciento treinta y un años proclamaron ser políticamente independientes.” Proponía un camino tendiente a consolidar la integralidad nacional, poniendo en valor el poder político en función de abandonar la segrenomía. Es decir, encolumnando políticamente al Pueblo y dándole un propósito: Recuperar la potestad económica.
Las distintas administraciones cipayas se apoyaron históricamente en una fracción de las élites nativas para articular de forma vertical sus intereses con los de las multinacionales y las potencias extranjeras. Dichas élites actuaban como socias menores de los intereses foráneos e influían en las administraciones cipayas para consolidar su posición negociadora. La virtualidad soberana de lo neocolonial nacía de dicha ambivalencia: Un Estado pensado para garantizar la continuidad de los vínculos dependientes en lugar de para potenciar la Nación. Sin embargo ¿Qué pasa cuando una administración neocolonial se apoya fundamentalmente en los intereses transnacionalizados y carece de anclaje en las élites vernáculas o en alguna fracción de la comunidad nacional? ¿Qué pasa cuando una fracción de las propias élites vernáculas (Arcor, Techint, Mercado Libre, por ejemplo) se han transnacionalizado y operan en nuestro país como si fueran extranjeras?
Con la gestión Milei es más evidente que nunca –pues lo proclama a los cuatro vientos- que el régimen sirve a los intereses de las potencias extranjeras y a los de las multinacionales, es decir a los de todos menos a los del país, sus élites o su Pueblo. Por el contrario de lo propuesto por Perón en el 47, Milei avanza en el sentido contrario hacia la desintegración nacional, desarticulando toda capacidad política y adoptando como propia la xenóstica en función del reforzamiento segrenómico, se constituye así en una suerte de virrey o representante de los mandatos políticos extranjeros frente a los de las distintas fracciones de la comunidad nacional. Los datos relevados por el CEPA, comprendidos a la luz del servilismo libertario, pueden reinterpretarse ya no en términos macroecómicos sino en términos macrosegrenómicos: Son el resultado de un reperfilamiento colonial del sistema (subordinación total tanto en lo económico como en lo político a los poderes extranjeros). La intervención abierta y extorsiva de Trump durante las últimas legislativas en nuestro país en favor de Milei y el silencio cómplice de la oposición, así lo atestiguan.
Siempre las grandes potencias han querido subordinaros al status de proveedores de materias primas o al de mercado dependiente, obstaculizando nuestro desarrollo, pero actualmente pareciera que ni siquiera con esa degradación de nuestras potestades les alcanza y parecen inclinadas a partir y repartir nuestro territorio. Se están quedando -en el norte- con el acuífero guaraní, el litio y el Río Paraná; con la minería y la pampa húmeda -en el centro- y con el petróleo y todo lo relacionado a las energías -en el sur-. Además, quieren avanzar sobre nuestro territorio antártico y establecer un control directo sobre los pasos bioceánicos del Atlántico Sur. Por si esto fuera poco, estamos ante una ofensiva anglo-sionista tendiente a apropiarse y ocupar nuestro territorio de forma directa para degradarnos del status neocolonial presente al simplemente colonial o aún peor, para balcanizarnos, convirtiéndonos en la Palestina sudamericana.
El gran peligro al cual nos enfrentamos como Pueblo ya no es el del saqueo planificado, el endeudamiento y la dependencia neocoloniales sino el de la destrucción definitiva de lo que nos queda de Patria. El régimen, actualmente degradado en su virtualidad soberana del nivel neocolonial al colonial, está cumpliendo lisa y llanamente con el mandato que el anglo-sionismo le encomendó: Entregar ya no solamente la economía y la cultura sino también el territorio, para desmembrar la Argentina tal cuál la conocemos. No estamos frente a la “batalla cultural” a la que hace referencia el bufón Milei sino frente a la batalla por la susbstistencia de la Patria.
No es casual que los oligarcas uruguayos – al igual que los chilenos -, con más descaro que nunca, estén apoyando la logística de los ingleses en las Islas Malvinas y que algunos lacayos, a tal efecto, nos pretendan convencer de las bondades de asumirnos como un protectorado yanqui. Tampoco es fortuito el reavivamiento de disputas limítrofes que se suponían zanjadas ni mucho menos parecen inocentes las voces que se alzan insinuando el desgarramiento territorial interno, como lo proponen un puñado de antipatrias en Córdoba, Mendoza o la Patagonia. La fragmentación territorial siempre es precedida por conflictos de falsa bandera o por la instigación de conflictos internos cebados–directa o indirectamente- por las potencias extranjeras.
Para evitar esto, el pueblo debe recuperar la iniciativa. Debemos reagruparnos, organizarnos y pelear contra el régimen ilegítimo para derrotar al plan balcanizador. Sólo el Pueblo salvará a la Patria.
