Esta semana la Corte Suprema de Injusticia falló en favor de los capitales extranjeros y en contra del Pueblo argentino declarando ilegítimos a los ex combatientes para ejercer la defensa de la soberanía. ¿Qué hacer contra el despotismo “republicano”?
El 29 de septiembre los portales anunciaban que la Corte Suprema de Justicia, había dejado sin efecto el fallo que impedía la derogación de la Ley de Tierras. Días después y ante la cantidad de elogios recibidos, los supremos se vieron obligados a publicar un comunicado para explicar que se trataba de una decisión procesal y que no analizan la cuestión de fondo, en este caso la validez del decreto presidencial que derogaba el “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales”.
La realidad es que con este fallo la Corte resucitó el artículo 154 del DNU 70/2023, borrando en el mismo acto todas las restricciones impuestas para proteger el territorio de la concentración en manos extranjeras (tope del 15% de tierras rurales, el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo, y las restricciones en zona de frontera y sobre tierras con cuerpos de agua).
La Corte dijo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata no estaba “legitimado”, no tenía la llave que abre la puerta del tribunal, y por lo tanto tampoco existía una causa. Según el artículo 116 de la Constitución, los jueces resuelven “causas” (conflictos) y no emiten opiniones generales sobre las leyes. La reforma Constitucional de 1994 amplió esa puerta con el artículo 43 permitiendo que las asociaciones defiendan derechos de incidencia colectiva, como el ambiente o los derechos de los consumidores. Sin embargo, para la Corte la soberanía territorial es un elemento constitutivo del Estado y no un bien colectivo. La Cámara Federal de La Plata sostuvo exactamente lo contrario.
Si el ambiente es de todos y una asociación puede defenderlo, ¿por qué no puede defender la integridad del territorio? Si como sostiene la Corte, el custodio de la soberanía es el Estado ¿qué pasa cuando quien decide sobre el territorio es el mismo Estado que lo entrega a los poderes extranjeros?
La Cámara de Senadores rechazó el DNU en marzo de 2024 y los Diputados aún no se pronunciaron. Si bien esto no es responsabilidad de la Corte, es evidente la ayuda al gobierno, que llega disfrazada de neutralidad procesal. Los tiempos, las dinámicas y los tecnicismos de la Res Pública parecieran desenvolverse en función a los de la Res Privata.
¿Quién puede defender lo que es del Pueblo? ¿Qué pasa cuando los mecanismos institucionales están diseñados para no resolver o para hacerlo a espaldas del pueblo?
La respuesta no es sencilla ni cómoda. Como ciudadanos comprometidos con el destino de nuestra Patria, frente a poderes institucionales que se articulan evidentemente en su perjuicio y los del conjunto del Pueblo, tenemos la obligación ejercer la soberanía efectiva, la cual es indelegable.
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